El 19 de mayo de 2026, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 0509 de 2026, mediante el cual reglamentó el artículo 52 de la Ley 2277 de 2022 y adicionó el Capítulo 4 al Título 6 de la Parte 5 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016.

Antecedentes. La Ley 2277 de 2022 creó el impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. La norma previó que el impuesto no se causara cuando el sujeto pasivo presente la Certificación de Economía Circular (“CEC”). En ese sentido, el decreto expedido desarrolla el procedimiento para obtener el certificado.

Contenido. El decreto reglamentó aspectos clave para acceder a la no causación del impuesto, entre otros, las operaciones sobre las que aplica, los requisitos que debe cumplir la CEC y los casos en los que no se otorga. Lo anterior, exige que los productores e importadores revisen cuidadosamente si sus procesos, soportes ambientales y documentación cumplen las condiciones previstas para aplicar el beneficio.

Efectos. Para hacer efectiva la no causación, el sujeto pasivo deberá contar con la CEC antes de presentar la declaración del impuesto. Si la certificación se solicita oportunamente, pero se expide después del vencimiento para declarar, podrá corregirse la declaración para disminuir el valor a pagar y, si se genera un pago en exceso, solicitar su devolución conforme al Estatuto Tributario.

Régimen transitorio. El decreto permite reconocer la no causación por el periodo comprendido entre el 13 de diciembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2025. Para ello, los sujetos pasivos podrán corregir las declaraciones ya presentadas o, si no corrigen o el término de corrección expiró, imputar en la declaración de 2026 o siguientes los gramos no causados de periodos anteriores, con soporte en la respectiva CEC. 

Consideración práctica. Es importante que los productores e importadores revisen sus operaciones gravadas, soportes ambientales, registros contables y capacidad de acreditar el Factor de No Causación ante la ANLA, especialmente para evaluar oportunidades de corrección, devolución o imputación por los años 2022 a 2025.