Mediante sentencia del 4 de agosto de 2026, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (el “Tribunal”), en cumplimiento de un fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia (la “CSJ”), resolvió nuevamente los recursos de apelación promovidos en contra de la sentencia de primera instancia que condenó a una aseguradora (la “Aseguradora”) a indemnizar a los familiares de la víctima de un accidente de tránsito.

El propietario del vehículo que ocasionó el accidente contaba con un seguro de responsabilidad civil ofrecido y comercializado a través de una agencia de seguros (la “Agencia”). La particularidad del caso radica en que la fecha de inicio de vigencia del seguro informada por la Agencia en un “carné de asegurabilidad” entregado al asegurado era anterior a la fecha de inicio de vigencia consignada en la póliza que, semanas después, emitió la Aseguradora. El accidente de tránsito ocurrió precisamente durante el período comprendido entre ambas fechas.

Breve recuento de los hechos

El 23 de agosto de 2014, en Supía (Caldas), un camión perdió el control y atropelló a un hombre. Sus hijos demandaron al propietario del camión (el “Propietario”) y a la Aseguradora.

Para entender la discusión sobre la cobertura del seguro, es necesario tener en cuenta las siguientes fechas:

• 22 de agosto de 2014: la Agencia le entregó al Propietario un carné de asegurabilidad que daba cuenta de una cobertura de responsabilidad civil desde las 16:00 horas del 22 de agosto de 2014 hasta las 16:00 horas del 22 de agosto de 2015.
• 23 de agosto de 2014: ocurrió el accidente, alrededor de las 15:30 (esto es, cerca de 23 horas después de que empezara la cobertura del seguro indicada por la Agencia).
• 25 de agosto de 2014: fecha inicial de la vigencia del seguro de responsabilidad civil, según la póliza de seguro emitida por la Aseguradora.
• 26 de septiembre de 2014: fecha en la cual la Aseguradora emitió la póliza del seguro de responsabilidad civil.

La Agencia actuaba como agencia colocadora de seguros en virtud de un contrato celebrado con la Aseguradora, cuyo objeto era promover, en forma independiente y bajo su exclusiva cuenta y riesgo, la celebración y renovación de contratos de seguro de la Aseguradora. Ese contrato le prohibía a la Agencia otorgar amparos o asumir riesgos en nombre de la Aseguradora sin un poder especial escrito, el cual no obraba en el expediente.

En primera instancia, el juez declaró responsable al Propietario. Consideró que, como el seguro es un contrato consensual, bastaba el consentimiento de la Agencia (en representación de la aseguradora) y del tomador sobre los elementos esenciales del contrato de seguro para considerar que este estaba vigente el día en que ocurrió el accidente.

En segunda instancia, la Aseguradora argumentó que no había prueba de un seguro de responsabilidad civil vigente en la fecha del accidente, pues la vigencia de la póliza que esta expidió empezó el 25 de agosto de 2014, esto es, dos días después del accidente. Agregó que no podía condenársele con base en el carné expedido por la Agencia.

En esta oportunidad, el Tribunal mantuvo la condena a la Aseguradora y la aumentó a $100 millones, la totalidad de la suma asegurada, con fundamento en las siguientes consideraciones:

1. La póliza es solo uno de los medios de prueba de un contrato de seguro

   • El Tribunal recordó que el seguro es un contrato consensual (artículo 1036 del Código de Comercio) y que se prueba por escrito o por confesión (artículo 1046 del Código de Comercio).
   • Por eso, la póliza no es lo que da origen al seguro. El carné que entregó la Agencia servía para probar que el seguro existía, y la Aseguradora no logró desvirtuarlo:

   “El documento entregado por [la Agencia] dado el carácter consensual del contrato, tiene «fines exclusivamente probatorios» (art. 1046, C.C.) que no terminaron desvirtuados.” (Subrayado y negrilla por fuera del texto).

2. Las actuaciones de las agencias de seguros obligan a la aseguradora

   • Con base en el artículo 2.30.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010 y en la jurisprudencia de la CSJ, el Tribunal explicó que las agencias de seguros no actúan en nombre propio, sino por cuenta de la aseguradora, y que sus actuaciones la obligan.
   • En la sentencia de tutela, la CSJ recordó que esa representación distingue a las agencias de seguros de los corredores de seguros:

   “En ese orden de ideas, debe seguirse que los intermediarios de seguros, en cualquiera de sus especies, no actúan en nombre propio, sino por cuenta o representación de otros. No obstante, conforme a la jurisprudencia constitucional, "(…) los agentes y las agencias de seguros se diferencian de los corredores de seguros en que mientras que los primeros ejercen una labor de representación de las compañías de seguros (…), los corredores ejercen su labor de intermediación de manera independiente (…)”.” (Subrayado y negrilla por fuera del texto).

   • Por lo tanto, como la Agencia ofreció cobertura desde el 22 de agosto de 2014, la Aseguradora quedó obligada desde esa fecha:

   “Entonces, al haberse comprometido [la Agencia], en virtud del pergamino entregado a [el Propietario], a otorgar protección desde el 22 de agosto de 2014 a las 16:00 horas, la existencia del producto asegurador se entiende consolidada desde esa fecha, no solo debido a que el contrato de ese tipo es de índole consensual, como bien lo puso de presente el a quo, sino porque su actuar comprometía a la compañía en esa época, ya que de no haber estado vigente el convenio por medio del cual actuaba como su agente colocador, [la Aseguradora] no habría entregado el contrato de seguro No. 10007066.” (Subrayado y negrilla por fuera del texto).

   • El Tribunal tuvo en cuenta que el contrato de agencia le prohibía a la Agencia otorgar amparos sin un poder especial escrito, y que ese poder no estaba en el expediente.

   Sin perjuicio de ello, consideró que la falta de ese poder no impedía que el seguro ofrecido por la Agencia obligara a la Aseguradora. La razón es que la propia Aseguradora terminó expidiendo el seguro sobre el mismo vehículo unos días después, que además ya figuraba en su lista de pólizas pendientes por expedir. Para el Tribunal, eso indicaba que, en este caso, el aval expreso de la Aseguradora sobre el aseguramiento de ese vehículo no era necesario:

   “El hecho de que haya sido concedido el seguro por parte de [la Aseguradora] indica que, en este contexto, no era necesario el aval explícito profesado en el contrato de colocación; de haber sido indispensable no estaría presente la póliza de marras.” (Subrayado y negrilla por fuera del texto).

3. La diferencia entre la vigencia ofrecida por la Agencia y la del seguro expedido no exonera a la aseguradora

   • El Tribunal concluyó que la Aseguradora no podía desconocer la vigencia del seguro que la Agencia le ofreció al cliente, aunque después expidiera una póliza con una fecha de inicio posterior y, en consecuencia, la Aseguradora no podía eludir su obligación de responder:

   “La diferencia en la fecha de expedición y el inicio de la cobertura otorgada en el documento aportado por la accionada no es suficiente para dar apoyo a su reparo pues [la Agencia], su agente colocador, le indicó al cliente que iba a tener su seguro activo desde las 16:00 (cuatro de la tarde) del 22 de agosto de 2014, (…) porque actuaba en calidad de agente de los servicios ofrecidos por la organización, razón por la cual comprometió a la convocada a cubrir los riesgos derivados de la conducción del camión de [el Propietario] desde antes.”

   (…)

   En definitiva, la aseguradora no puede eludir su obligación de responder por el evento que afectó a [la víctima], porque [la Agencia], desde su rol como agente colocador de seguros, actuó en nombre y representación de [la Aseguradora], en virtud de un contrato previo para el efecto, conforme se expuso previamente.” (Subrayado y negrilla por fuera del texto).