El 3 de diciembre de 2025 fue radicado ante el Congreso de la República un nuevo Proyecto de Ley de iniciativa parlamentaria que busca establecer un régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia aduanera.

Este proyecto se presentó como alternativa al ya radicado por el Ministerio de Hacienda en octubre de 2025. Ambos proyectos de ley son el resultado de lo ordenado por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-072 de 2025, que declaró la inconstitucionalidad del Decreto Ley 920 de 2023 y otorgó hasta el 20 de junio de 2026 para expedir el régimen sancionatorio en materia aduanera mediante una Ley de la República. 

A diferencia del proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda, la nueva iniciativa parlamentaria plantea un diseño normativo orientado a reforzar la seguridad jurídica de los usuarios aduaneros y a delimitar de manera más estricta el ejercicio de las facultades administrativas. Entre sus elementos centrales se destacan:

• En materia de principios, incorpora elementos como la lesividad, la tipicidad estricta y la debida diligencia como eximente, orientando el régimen hacia la protección del administrado y la sanción únicamente de conductas con impacto material. 
• Se propone una fiscalización focalizada en riesgos reales. Este proyecto propone 24 causales de aprehensión y permite la legalización sin pago de rescate para errores no sustanciales.
• Define un procedimiento sancionatorio más preciso, delimitado y con causales claras de abstención y archivo.

Uno de los cambios estructurales más relevantes en ambas propuestas es el abandono definitivo del modelo tradicional que organizaba las infracciones por tipo de usuario para adoptar un sistema unificado basado en la conducta específica. Este cambio traslada el eje de la responsabilidad desde la categoría del operador hacia el acto concreto realizado u omitido, eliminando la “responsabilidad por estatus” privilegiando una asignación más precisa de obligaciones y riesgos.

La coexistencia de ambos textos abre la puerta a un debate legislativo de gran relevancia, que incluso podría llevar a una reconciliación de posturas. Lo verdaderamente novedoso de este proyecto es que, por primera vez, permite la participación del administrado, un hecho sin precedentes que invita a todos los operadores privados que aún no lo han hecho a sumarse y formar parte activa de esta decisión.

De la decisión final del Congreso dependerá el régimen sancionatorio que regirá en los próximos años. Desde el sector privado, el proyecto constituye una oportunidad para participar en el debate público y promover una regulación coherente con estándares de razonabilidad, tipicidad y proporcionalidad. Desde la perspectiva institucional, la discusión permitirá evaluar la solidez y adecuación del modelo sancionatorio y proyectar un régimen actualizado que responda a los retos logísticos, tecnológicos y de fiscalización del comercio exterior colombiano.