Mediante el comunicado de prensa del 24 de marzo de 2022, la Corte Constitucional (en adelante, la “Corte”) comunicó la decisión adoptada en la sentencia C-112 de 2022 en la que se estudió la constitucionalidad del artículo 860 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 18 de la Ley 1430 de 2010. Dicho artículo dispone, en síntesis, la responsabilidad solidaria del garante respecto del sujeto pasivo de la obligación tributaria, al establecer que aquél es solidariamente responsable por las obligaciones garantizadas, incluyendo el monto de las sanciones que la administración llegase a imponer a este último por una devolución de saldos improcedente o injustificada.

La Corte consideró que la norma demandada era inconstitucional principalmente porque el garante no realiza ninguna conducta que deba ser evitada o corregida, sino que, por el contrario, “únicamente expide una póliza o garantía bancaria en los términos que le impone la ley. 

En esa medida, la Corte señaló que, si se aceptara que el garante debe responder solidariamente por las sanciones establecidas en el artículo 670 del Estatuto Tributario por conductas en las que no ha incurrido, lo que terminaría ocurriendo es que “no se disciplina al verdadero responsable de la infracción” y sí en cambio “el garante tendría que asumir en todos los casos, la mala fe del contribuyente, con lo cual se desconocería también el artículo 83 superior (…)”.    

Finalmente, la Corte destacó que la sentencia C-877 de 2011 ya había dejado sin efectos la exigencia de que las garantías que otorgaran los contribuyentes ampararan las sanciones por una devolución injustificada, por lo que mal haría un garante en responder por un riesgo que ni siquiera puede ser objeto de cobertura por el contrato de seguro, esto es, que desborda el riesgo asegurable del seguro. 

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